Regulación de la IA: panorama de la situación mundial

Estudio realizado en colaboración con IntelligenceArtificielle.com.

Tratado del Consejo de Europa, trabajos de la ONU, compromisos del G7, leyes nacionales: la regulación de la inteligencia artificial se articula en varios niveles. Pero los dispositivos no implican a los mismos actores ni las mismas responsabilidades. Algunos permiten sancionar a una empresa; otros organizan la investigación, la cooperación o la publicación de información. Situación al 5 de octubre de 2026.

Un modelo puede desarrollarse en un país, alojarse en otro y utilizarse al otro lado del mundo. Esta circulación confiere a las iniciativas internacionales una importancia particular. Queda por distinguir un acuerdo político, un tratado jurídicamente vinculante, una norma técnica y una ley efectivamente aplicable.

Los dispositivos recogidos más abajo cubren los principales marcos internacionales, las leyes generales sobre IA y varias aproximaciones nacionales representativas. Las regulaciones sectoriales, sobre datos personales, salud, finanzas o seguridad de productos, continúan aplicándose según los usos. La ausencia de una ley general sobre IA no significa por tanto ausencia de reglas.

Iniciativas internacionales · Marcos nacionales y regionales

A nivel internacional, compromisos de naturaleza muy diversa

El Consejo de Europa, organización distinta de la Unión Europea, ostenta una convención sobre la IA, los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Abierta a la firma en septiembre de 2024, tiene por objetivo crear obligaciones jurídicas para sus partes, incluidos Estados no europeos. Al 5 de octubre de 2026, no ha entrado todavía en vigor. La Unión Europea la ratificó en mayo de 2026.

Este tratado ilustra la distancia entre la adopción de un texto y su aplicación. Su entrada en vigor exige cinco ratificaciones, incluidas tres de Estados miembros del Consejo de Europa, y luego el transcurso del plazo previsto. Organiza un seguimiento por las partes y mecanismos nacionales de control. Su ámbito presenta también límites: la defensa nacional está excluida y el tratamiento de actores privados distintos de aquellos que actúan para una autoridad pública deja margen de elección a los Estados.

En la ONU, la aproximación es distinta. El Pacto digital mundial de septiembre de 2024 condujo a la creación, en agosto de 2025, del panel científico internacional independiente y del Diálogo mundial sobre la gobernanza de la IA. Estos dispositivos aportan respectivamente pericia científica común y un espacio de discusión. No disponen de poder para sancionar a los desarrolladores. El primer Diálogo se celebró en Ginebra los días 6 y 7 de julio de 2026.

Una iniciativa reciente busca precisamente ir más lejos. El 21 de septiembre de 2026, Finlandia y Noruega lanzaron un llamamiento al control de modelos avanzados, respaldado entre otros por Francia, Alemania, Canadá y Singapur. Los firmantes piden pruebas obligatorias antes del despliegue, evaluaciones independientes y el estudio de una institución internacional. En esta fase, esas medidas son solicitudes políticas; el llamamiento no las convierte en obligatorias.

Por qué estas iniciativas no forman un regulador global

Estos dispositivos cumplen funciones complementarias, pero su yuxtaposición deja varias cuestiones abiertas. Un instituto puede testar un modelo sin poder imponer su modificación. Un código puede exigir la publicación de información sin prever su comprobación. Un tratado puede adoptarse antes de que suficientes Estados hayan aceptado quedar vinculados por sus obligaciones.

Los gobiernos también divergen sobre la autoridad que desean conferir al nivel internacional. En Nueva Delhi, en febrero de 2026, la administración estadounidense defendió explícitamente la soberanía nacional y rechazó una gobernanza mundial centralizada de la IA. La creación de foros comunes no implica, por tanto, un acuerdo sobre reglas obligatorias compartidas.

El perímetro militar subraya otra separación. La convención del Consejo de Europa excluye la defensa nacional, así como el AI Act excluye los sistemas destinados exclusivamente a fines militares, de defensa o de seguridad nacional. Los enfoques civiles no cubren por sí solos estos usos; estos dependen, en particular, del derecho internacional existente y de discusiones específicas.

Además, la dificultad sigue siendo científica. El International AI Safety Report 2026 describe los límites de las evaluaciones, la desigualdad de acceso a la información y los problemas de coordinación. El comportamiento de un sistema en prueba no siempre permite prever su comportamiento una vez desplegado. Esto limita lo que puede atestiguar una evaluación, sea cual sea el nivel en que se organice.

Las reglas nacionales pueden afectar a proveedores extranjeros

Una regulación nacional o regional puede tener alcance más allá del lugar donde se desarrolla el modelo. El AI Act europeo se dirige sobre todo a los proveedores que introducen sus sistemas o modelos en el mercado de la Unión, aunque estén establecidos en otro país. También prevé ciertos casos en los que los resultados de un sistema desarrollado o utilizado desde un país tercero son utilizados en la Unión.

Este alcance ofrece medios de actuación a las autoridades europeas, sin crear una competencia universal sobre todos los usos de la IA. Los cuadros hacen aparecer así dos realidades simultáneas: obligaciones territoriales que pueden alcanzar a proveedores extranjeros, y una cooperación internacional de la que gran parte sigue siendo voluntaria.

En la Unión Europea, varios hitos ya se han superado: primeras prohibiciones desde febrero de 2025, obligaciones relativas a los modelos de IA de uso general desde agosto de 2025, con disposiciones transitorias, y normas de transparencia desde agosto de 2026. El Oficina Europea de la IA dispone desde el 2 de agosto de 2026 de poderes de control sobre los modelos de su competencia, que incluyen solicitudes de documentos, evaluaciones y medidas correctoras.

Sin embargo, el calendario de los sistemas de alto riesgo cambió. El AI Omnibus, entrado en vigor el 27 de julio de 2026, aplazó la aplicación de las normas para los usos del anexo III hasta el 2 de diciembre de 2027, y la de los sistemas integrados en ciertos productos reglamentados hasta el 2 de agosto de 2028. El código de buenas prácticas para los modelos de uso general sigue siendo un instrumento voluntario para cumplir obligaciones legales: su carácter voluntario no convierte esas obligaciones en opcionales.

Textos adoptados y su aplicación

Comparar los dispositivos supone considerar conjuntamente su fuerza jurídica, su ámbito y su calendario. Corea del Sur tiene una ley en vigor con un periodo de gracia. Brasil aún debate su texto. El Consejo de Europa dispone de un tratado cuya entrada en vigor sigue pendiente de ratificaciones. Estas situaciones producen efectos muy distintos para las organizaciones que desarrollan o utilizan IA.

Los medios de control también importan. La Unión Europea prevé poderes de investigación y corrección, mientras que el proceso de Hiroshima hace públicas declaraciones de empresas sin certificarlas. En ambos casos, la existencia del dispositivo no basta para demostrar su eficacia frente a los riesgos. Las primeras medidas de aplicación fueron objeto de nuestro informe de septiembre sobre la regulación; nuestro análisis de los resúmenes de datos de entrenamiento muestra también lo que permiten, en la práctica, las informaciones publicadas.

Al 5 de octubre de 2026, la cooperación internacional ha producido ya principios, instituciones, trabajos científicos y compromisos públicos. Las obligaciones acompañadas de sanciones descansan principalmente en marcos nacionales o regionales. El tratado del Consejo de Europa permanece, por su parte, a la espera de las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.