Se trata de una información publicada por el Financial Times el 2 de julio de 2026, y retomada desde entonces por Bloomberg, CNBC, CNN o Forbes: OpenAI habría propuesto al gobierno de Estados Unidos tomar una participación de alrededor del 5 % de su capital. Más allá de la cifra, lo que merece análisis es la idea que defendería Sam Altman: hacer entrar al Estado en el capital de toda la industria estadounidense de la inteligencia artificial, sobre el modelo de un fondo soberano. Una concepción de la relación entre poder público y tecnología que contrasta claramente con la vía elegida por Europa.
Aclaración metodológica, porque es determinante: por ahora, nada está decidido. El Financial Times atribuye su información a «dos personas familiarizadas con las conversaciones», que el diario califica de «conceptuales» y «en una fase temprana». No se trata, por tanto, de una operación ya puesta en marcha, sino de una propuesta aún en discusión. Y precisamente por eso resulta instructiva.
Los contornos de la propuesta, según el Financial Times
Según el diario, OpenAI habría propuesto ceder una participación de aproximadamente el 5 % al gobierno federal. Aplicado a la valoración post-money de 852.000 millones de dólares alcanzada en la ronda de financiación récord cerrada en marzo de 2026, esa participación equivaldría a unos 42.600 millones de dólares. Sam Altman habría comentado la idea directamente con el presidente Donald Trump, así como con el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent.
Sin embargo, el elemento más estructurante no es el futuro de OpenAI en solitario. Según el Financial Times, Altman y otros directivos de la empresa habrían sugerido que las principales compañías de IA estadounidenses (Google, Anthropic, Meta y xAI son citadas) asignen cada una un 5 % de su capital a un vehículo inspirado en el Alaska Permanent Fund. En la práctica, sería así una porción pública de toda la industria de la IA en Estados Unidos la que empezaría a perfilarse.
Dos matices de fuente, no obstante. La lista de empresas implicadas sigue siendo incierta: algunas versiones añaden fabricantes de semiconductores como Nvidia, Micron o AMD, y el propio Financial Times subraya que se desconoce qué compañías aceptarían contribuir. Una persona familiarizada con el caso, citada por Forbes, indica además que Anthropic no mantiene conversaciones en su nombre con la administración sobre una cesión de capital. Y cualquier implementación requeriría, siempre según el diario, un acto del Congreso, es decir, un obstáculo político y jurídico de primer orden que aún está muy lejos de superarse.
El modelo de Alaska: una elección que no es neutral
La referencia al Alaska Permanent Fund no es casual. Creado en 1976 por la Constitución del Estado de Alaska, este fondo destina una parte de los ingresos petroleros del Estado a activos diversificados (acciones, bonos, inmobiliario) y, desde 1982, reparte un dividendo anual a cada residente. Hoy supera los 80.000 millones de dólares y figura entre los mayores fondos soberanos del mundo.
Al invocar ese precedente, Altman asimila el valor creado por la IA a una renta comparable a la del petróleo: una riqueza de la que el Estado captaría una fracción para redistribuirla entre los ciudadanos. El argumento, tal como lo recoge el Financial Times, es que dar al público un interés financiero en estas empresas sería «la mejor forma de compartir las ganancias» de la inteligencia artificial. Esta lógica lleva madurando más de un año: Altman habría presentado la idea a Donald Trump ya a comienzos de 2025, y OpenAI había avanzado en abril de 2026 el concepto de un «public wealth fund» destinado a hacer que cada ciudadano se beneficiara del crecimiento impulsado por la IA.
Una admisión sobre la relación de fuerza entre el Estado y la IA estadounidense
El contexto quizá explique mejor la iniciativa que la generosidad que aparenta. Varios relatos vinculan la propuesta con la creciente presión política que soportan los grandes actores de la IA en Washington: críticas por su peso económico, por los riesgos sociales, por su influencia. Ceder una parte del capital al Estado equivaldría entonces, para la industria, a comprar una forma de paz regulatoria, otorgando al poder público un interés directo en su prosperidad.
Ahí es donde la iniciativa se vuelve ambivalente. Hacer del Estado un accionista es también convertirlo en juez y parte: resulta difícil regular con dureza un sector del que se perciben dividendos. El debate, además, no se limita a un solo campo. El senador Bernie Sanders reclama, por su parte, una participación pública mucho más contundente (del orden del 50 % del capital de las grandes empresas de IA), prueba de que la idea de una propiedad pública de la IA atraviesa el espectro político estadounidense, aunque con objetivos opuestos: reparto del valor para unos, toma de control para otros.
Esta efervescencia prolonga una constante de la política estadounidense reciente: tratar la IA como un activo estratégico nacional. Ya en su primer mandato, Donald Trump había firmado un decreto que convertía la inteligencia artificial en prioridad nacional. La propuesta recogida por el Financial Times lleva esa lógica un paso más allá: no solo apoyar a la industria, sino tomar participación en ella.
El contrapunto exacto de la soberanía a la europea
Es el contraste lo que mejor ilumina el alcance del asunto. En Estados Unidos, la soberanía sobre la IA se expresaría a través de la propiedad: el Estado entra en el capital, comparte el riesgo y las ganancias, y vincula su destino al de los campeones nacionales. En Europa, en cambio, pasa ante todo por la norma. La Unión ha hecho del AI Act su instrumento central: encuadrar los usos, imponer obligaciones según el nivel de riesgo, proteger los derechos, sin tomar participación en las empresas.
Así se oponen dos filosofías. La vía estadounidense, tal como se desprende de esta propuesta, apuesta por la alineación de intereses: si el Estado gana cuando la IA prospera, tiene interés en dejarla prosperar. La vía europea apuesta por la distancia: el regulador permanece fuera del mercado para poder imponerle límites. La primera corre el riesgo de la captura (un Estado accionista regula mal aquello que le enriquece); la segunda, a menudo acusada de frenar la innovación, preserva en cambio la independencia del árbitro.
Para los responsables europeos, el episodio vale menos por su desenlace, todavía incierto, que por lo que deja al descubierto. Ante la perspectiva de una industria estadounidense respaldada por su Estado, Europa deberá decidir si su soberanía puede seguir descansando únicamente en la regulación o si también requiere alguna forma de inversión. Por ahora, la propuesta de Altman sigue en condicional: conversaciones «conceptuales» en una «fase temprana», según el Financial Times, y un paso obligado por el Congreso. Pero la línea divisoria que traza entre ambas orillas del Atlántico ya está marcada.