TLDR : Empresas europeas, como Carrefour, BNP Paribas, Airbus y TotalEnergies, solicitaron una pausa de dos años en la aplicación de la regulación europea sobre IA, el AI Act. Argumentan que cumplir con las exigencias regulatorias plantea grandes desafíos operativos. La Comisión Europea rechazó la solicitud, insistiendo en respetar los plazos jurídicamente vinculantes.
El jueves pasado, alrededor de cincuenta empresas europeas miembros de la EU AI Champions Initiative, creada en febrero pasado al margen del AI Action Summit, enviaron una carta abierta a la Comisión Europea, abogando por una pausa de dos años en la implementación del AI Act. Un llamado que no tuvo efecto: el calendario de despliegue de la regulación europea sobre IA se mantiene.
Entre los firmantes franceses se encuentran varias figuras destacadas del ecosistema tecnológico: Arthur Mensch (Mistral AI), Thomas Clozel (Owkin), Philippe Corrot (Mirakl), así como directivos de Carrefour, BNP Paribas, Airbus o TotalEnergies. Todos advierten sobre un riesgo de desalineación entre las ambiciones regulatorias y la capacidad operativa de las empresas para cumplir con ellas en plazos limitados.
Las primeras disposiciones del AI Act, que entró en vigor en agosto de 2024, comenzaron a aplicarse en febrero pasado. Dos próximas etapas generan hoy las mayores inquietudes: las obligaciones relativas a los modelos de IA de uso general (GPAI), previstas para el próximo mes, y aquellas relacionadas con los sistemas de IA de alto riesgo, previstas para agosto de 2026. Sin embargo, los textos de aplicación siguen parcialmente en suspenso: el Código de buenas prácticas para los GPAI aún no ha sido publicado, mientras se lleva a cabo una consulta pública para aclarar los criterios de clasificación, las responsabilidades y las obligaciones operativas asociadas a los SIA de alto riesgo.
Ante este contexto, los firmantes solicitan una moratoria temporal, argumentando que un plazo de dos años permitiría a los actores europeos adaptarse mejor a un marco aún en construcción. Han elaborado propuestas concretas de adaptación y están dispuestos a trabajar de manera coordinada con las instituciones europeas.
Una negativa rotunda de la Comisión
La respuesta de Bruselas es firme. Si bien la Comisión reconoce la complejidad del proyecto regulatorio, descarta cualquier idea de suspensión. Los plazos se califican de jurídicamente vinculantes, y su cumplimiento se presenta como un imperativo de coherencia legislativa.
Según Reuters, el portavoz Thomas Regner resumió la posición de la Comisión durante una rueda de prensa:
"No hay detención del tiempo. No hay período de gracia. No hay pausa. [...] Las disposiciones entraron en vigor en febrero, las obligaciones generales para los modelos GPAI comenzarán en agosto, y las para los modelos de alto riesgo en agosto de 2026".